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-Fuerzas de seguridad, relaciones varias. (I)


No hay que ser expertos en el área seguridad para entender algunas cuestiones que han pasado últimamente con el tema. La primera de ellas, es saber, ¿Cuánto cuestan las fuerzas de seguridad? Podríamos entender eso, con la suma de los servicios públicos y privados que prestan seguridad en el país. La segunda pregunta es, ¿Qué ideología tienen estas fuerzas?, la tercera de ellas es saber, ¿Existe un plan internacional de seguridad? ¿Qué es lo que existe actualmente?, la cuarta, ¿Cuántas garantías se respetan en nombre de la seguridad?, la quita, ¿Cómo sabremos en que momento detener los mecanismos de control que existen en nombre de la seguridad? ¿Cuál es la relación entre el Poder Judicial y la seguridad?

La primera pregunta es difícil, no tiene una respuesta fácil. Tradicionalmente las fuerzas de seguridad en nuestro país han sido netamente conservadoras. Su ideología y su alineamiento han sido preferentes con Estados Unidos, o Inglaterra. Podríamos decir también que las fuerzas de seguridad no siempre fueron parte del sistema total de represión ya que muchas veces como sabemos fueron otros los que realizaron estas tareas, las Triple A, La Liga Patriótica, hoy en día las patotas sindicales sin ir más lejos y las barras bravas cuando son rentadas para fines políticos.

No obstante estos puntos podemos saber que las bandas para-policiales terminan por ser la cara más oscura de la seguridad. Siendo estas parte integral de las peores relaciones de fuerzas, muchas veces más impune que el ejército y otras fuerzas de seguridad. En este sentido, el accionar de las Triple A y la Liga Patriótica es emblemático. La pseudo-legalidad es parte de una forma de anticipación de la represión. En toda Latinoamérica funciona igual. Para peor muchas veces tienen financiamiento externo al país, por lo que llegado al final de cuentas, las fuerzas para-policiales son enemigas de la misma idea de seguridad. Ya no se trata de una sociedad unida en el Estado de Derecho sino fracturada.

En este sentido es justo decir que la policía actúa hoy en formas recurrentemente relacionadas con fines ajenos a su función por lo que la corrupción, el narcotráfico y la ilegalidad a la que se suma el tráfico de mujeres no son un tema menor. La idea siempre termina por ser difusa, el uso mal y abusivo del “Derecho Contravencional” forma parte de la manera en que se oprime a sectores de la sociedad indefensos, y casi una forma legalidad que está a un paso del gatillo fácil, último recurso de la seguridad en términos fascistoides del: “El que mata debe morir”, porque todas estas cosas son conocidas sólo queda pensar, ¿Es simplemente criminología mediática? La respuesta es que policías y periodistas se cubren las espaldas, no tienen porque ir en contra de un discurso que sirve para privatizar aún más la seguridad. Mientras más privada es, más tiene que ver con los que más tienen contra los que menos tienen.

Curiosamente, esto forma parte de algo que se implanta como la preocupación número uno y por lo tanto reclama gastos y partidas para esos fines. ¿Sería necesario un impuesto específico para la seguridad? ¿No sería ciertamente justo que este fuera el impuesto más progresivo de todos? Tendría que serlo. No lo es simplemente porque el pueblo trabajador tiene que pagar gran parte de las consecuencias de la inseguridad. Ahora bien, ¿Quién pagaría la expansión de la seguridad? Si lo pensamos, gran parte de los impuestos locales podrían servir para hacer uso efectivo del gasto de la inseguridad. Sería raro que alguien en San Isidro si pagase por su seguridad que necesita más que los otros, véase la victimización versus la cantidad de víctimas reales no se sintiera a gusto con este sistema. Sólo tendría que pensar que el costo debería correr por su cuenta. Lo triste es que para esto se ha montado el negocio de la seguridad privada el cual en el fondo, en vez de gastar dinero a nivel comunal o municipal para las fuerzas de seguridad se usa justamente para que ciertos edificios, casas, oficinas, countries tengan seguridad mientras que otros no tengan nada. Argumentos elementales como estos fueron los que recientemente llenaron de terror la idea de abrir los barrios cerrados. ¿Podríamos seguir encubriendo esta necesidad de seguridad para los menos y cada vez menos? Las penas más duras sólo parecen formar parte de un sistema donde el que está “más seguro” quiere ser más efectivo a la hora de lograr sus objetivos.

Seguramente que pensar esto no es suficiente. El derecho a la manifestación en general por ejemplo ha sido vulnerado varias veces en el caso de Mariano Ferreyra y Fuentealba por citar algunos casos, donde simplemente la policía libera la zona para que las fuerzas para policiales hagan su trabajo. Claramente que si esto no muestra lo ridículamente permeables que son las fuerzas de seguridad, no sé qué podría hacerlo. ¿Tiene sentido llenar las calles de policías que simplemente se corran ante ataques? Definitivamente esto ya no es simplemente tener o no los datos de personas que hacen actividades políticas sino una política de miedo sistemática. La burocracia sindical no tiene ninguna estima por la idea de la “legalidad”. Para peor, policías que pierden “su trabajo” terminan por ser mano de obra extra que necesita la policía para secuestros. Esto es un punto importante ya que Severo es un caso feliz que pero Jorge Julio López es un caso terrible de cómo siguen operando las fuerzas de seguridad.

Curiosamente hay más casos, y entendemos que sabemos cuán arbitraria es para la policía su labor para esto está el mismo caso de Luciano Arruga. Si pensamos en la policía reclutando en todas partes mano de obra para ilícitos nos damos cuenta que simplemente ilusos son los objetivos de penas más duras, que simplemente buscan “matar al mensajero”. La preocupación de cuán fiable es la policía no conforma parte de los índices de victimización, para peor, extrañamente se prefiere idealizar a la militarización de la policía como pasa en Brasil. “Policías de Elite” que nunca reemplazan a los policías comunes en un juego del gato y del ratón.

Tenemos que pensar en la realidad compleja que toca vivir. Extrañamente no estamos seguros de cuál es el papel de la policía. Es más no sabemos el papel en general de ciertas grandes pautas sobre lo que será el futuro de la seguridad. Tema que si no se debate se improvisará o en el peor de los casos se diseñará a puertas cerradas. Podríamos decir que las nuevas tecnologías como las cámaras, el control a las redes sociales, escuchas telefónicas y otras tecnologías (siempre hay más de las que uno cree) conforman parte de un nuevo peine fino. No tenemos seguridad de que hoy estas sean o no utilizadas de la manera correcta. En este sentido, el estado tiene secretos que no podemos dejar pasar. Se utiliza el argumento que es sólo el poder político el que goza de que pretender que las fuerzas son inmanejables pero olvidan todas actividades legales e ilegales que se montan sobre este “fracaso en la seguridad.”

Sin duda que trata de reformar las fuerzas de seguridad puede tener un buen objetivo, el problema es saber, qué clase de reforma se logra. Ciertamente que podemos darnos cuenta que la seguridad no va ser sólo mecanismos de represión. Esto lo único que aumenta es el número de muertas muchas veces erróneas por parte de las fuerzas de seguridad. Para peor, en el peor de los enfoques fascistas, si hay más “delincuentes muertos” hay más seguridad, aunque jamás se cheque quién es quién. Por eso hoy mismo y en todas partes del mundo la pena de muerte sería un capricho más que nada medieval. “Si hay gente que muere se hace justicia”, no tiene sentido en parte poco hace por las víctimas más sin son pobres y tienen que convivir con violencia siempre, y sin poder salir de ella. ¿Cuánto se esta dispuesto a gastar para acompañar a víctimas de delitos graves? ¿Realmente los medios de comunicación quieren pensar en las víctimas o quieren pensar en las “futuras víctimas”? curiosamente cuando se piensa en las futuras víctimas se pueden vender “Puertas pentágono” o PROSEGUR, se pueden instalar alarmas, cuando se piensa en contención quedan espacios que siempre son pocos para tratar la violencia, ONG y el mismo estado haciendo tareas barriales que traten de lidiar con problemas como la droga.

La pregunta de cuánto cuesta la seguridad se debe sumar al cierre de espacios públicos como plazas, las cuales son cerradas y se convierten en otra parte de la ciudad o del municipio que queda desagregada del total. Esto también vale para los edificios públicos en general. El déficit habitacional forma parte de la inseguridad. Las torpes caracterizaciones de delincuentes también. La idea de delincuente como persona completamente ajena a la sociedad en la que vive termina por ser ridícula. Toda la compra-venta de mercadería robada, solo muestra al “delincuente” como un proveedor con mala prensa. Para eso además se necesita algo que en nuestro país parece ser imposible que sea que los negocios paguen impuestos. La AFIP no debe cuestionar el lavado del dinero en operaciones inmobiliarias, o la compra venta de cosas de dudosa procedencia que pueden tener valores X, todo esto forma parte de la persecución contra los “No delincuentes”. Visto de esta forma, el problema está sin duda en la precisión con que las fuerzas de seguridad eligen a sus víctimas.

Ciertamente a la hora de los hechos, estos grandes agujeros muestran la miseria de la mano dura. Mientras más dura, más eficiente con los pobres. Porque son los más fácil de atrapar y a los que se puede inculpar más fácilmente. En este sentido el acceso a defensores públicos por parte de quienes no pueden garantizarse una defensa es fundamental. Pocos adalides de la “Universalidad” y del fin del clientelismo quieren o desean que una ley aumente en mucho la capacidad de que los defensores públicos tengan mejores oportunidades de defender a los acusados ampliando en el plano concreto  de las garantías. Esto no se trata del derecho formal como tal sino de saber cuánto estamos dispuestos a gastar en juicios justos, en juicios por jurados, etc. Ciertamente que eso formaría parte no tal vez de una simple reforma jurídica sino de la ampliación del acceso al derecho de la representación por parte de todos aquellos que se encuentran procesados por buenas o malas razones.

Es urgente que se avance en una reforma tributaria para poder saber cuanto cuesta la seguridad, cuanto termina por ser uso abusivo del sector privado, análoga relación a la Salud, hospitales públicos atienden emergencias y casos realmente graves de la mayoría, los privados en las clínicas gozan de abultados ingresos sin tener que preocuparse de aquello. Este debate de la compensación entre quienes ya pagaron por salud y seguridad, y quienes no la prestan cuando es el momento realmente importante sigue siendo algo que está bajo el tapete del discurso impoluto de la inseguridad. Claramente que eso necesita también de la relación Salud/Seguridad, Urbanismo/Seguridad, Trabajo/seguridad, entre otras. El criminal mediático solo sirve en los medios una vez apresado, las razones del delito se encuentra fuera de los sujetos no porque el derecho le cueste definir lo que es el delito sino porque la seguridad no cambia las razones estructurales que conforman la vida de las sociedades en términos estrictamente económicos a menos que se legisle al respecto. ¿Tiene sentido que un terrateniente no pague por sus tierras en las provincias donde está y que además reclame seguridad? Si lo hace, implica que quiere que el costo de su seguridad la pague otro. Así los trabajadores pagan la “seguridad” de alguien que lucra en un territorio y vive en otro.

Esto nos lleva a otro dramático punto, que es no tomado seriamente, sabemos que la seguridad no es igual en todo el territorio. La presencia de sicarios y “seguridad privada” de terratenientes es parte de un escándalo del que los medios apenas mencionan. ¿No son peligrosos de por sí los sicarios? ¿Qué dice que esos sicarios que hoy matan campesinos, mañana no maten estudiantes, periodistas o a cualquiera? Mientras que el pibe Chorro es la estrella de la criminología mediática los asesinos profesionales tienen el gusto de trabajar a sus anchas para los sectores más pudientes del país.

Este “populismo de la seguridad” es un recurso que viene de la mano de Thatcher, se ha llegado a la idea que el recorte del Estado tiene sólo un costo mínimo, inmediatamente las fuerzas de seguridad ganan más dinero, y la tolerancia cero es el gran mérito. El populismo de la seguridad viene de la mano del extremo individualismo, ya no se trata de una idea de libertad liberal y republicana ingenua. Se vuelve al que mata debe morir, la ley del Talión para que el que puede pagar. Ahí es cuando, el juicio a Blaquier se muestra como una negación sistemática y clasista. Los campesinos y las personas que ocupan terrenos han sido peor tratados que los genocidas y además suelen ser perseguidos por ellos. El actual relato de las actividades del Viloza muestra que la dictadura se repartió negocios legítimos a ilegítimos y que con eso financió las redes de impunidad de las que goza hasta el día de hoy. No saberlas combatir podría convertirse en el caldo de cultivo de una reacción sin precedentes.

Sin duda que esto se suma al papel de la SIDE, o SI actualmente, donde el poder político no siempre tiene el control total de la fuerza. Desde operaciones que poco tienen que ver con la democracia hasta “emprendimientos privados” quitan toda seriedad sobre lo que es la reserva de la información y el último engranaje de seguridad en el país. La SIDE al servicio del amarillismo sólo ha servido para crear la idea de un acceso que no es genuino sino que es motivo de la corrupción y no de la filtración de algún valiente Yofre no es Assange. Por lo que no se termina de entender si realmente la seguridad ante el terrorismo internacional tiene sentido ser pensada desde la SIDE. Sin ser catastrofitas estas son cuestiones que el periodismo de investigación prefiere evitar.

La segunda pregunta es importante y crucial. La ideología de las fuerzas de seguridad es algo que cuesta entender. Primero porque prefieren a su propio cuerpo y trabajan con lógicas donde lo horizontal tiene conflicto con la verticalidad. Segundo porque cada fuerza quiere los recursos de la otra, y compiten generando gastos inflados. La no colaboración práctica genera la constante subutilización de recursos. Tercero porque no dedicamos el esfuerzo suficiente y necesario para entender sociológicamente a la policía. No forma parte de nuestra preocupación y eso conlleva a que olvidemos que es un grupo que es influenciado por muchos otros. Esto ha generado una división que se tapo con la simple lógica del “Punto Final”, hay una parte de la sociedad que aprueba a estas fuerzas de seguridad y creen que nada tienen que ver con ellos, mientras que otros las ven como lo que son parte de la violencia institucional más feroz de los últimos cincuentas años. Sería difícil conseguir un 54% de personas que tengan visiones realmente progresistas sobre la policía No contar con apoyo de la ciudadanía sobre lo que puede ser un peligro hace que la idea de democracia pueda ser tan caprichosa como lo fue en la presidencia de Alfonsín. Es fácil sin duda que se utilice otros fines para mostrar relaciones que no siempre son obvias entre el poder de coerción y muchos grupos, algunos ilusionados con papeles que parecen que las fuerzas de seguridad no han tomado nunca. Ahora bien esto no quiere decir que se conozca al dedillo las fuerzas de seguridad, la mayoría de los periodistas saben poco y nada, el que escribe tampoco pero si es cierto que tenemos que saber que no sabemos.

No saber nos haría más justos y medidos en nuestras observaciones. ¿Qué estadística podría medir los elementos cualitativos de las fuerzas de seguridad? Sabemos que históricamente la defensa del poder establecido es nefasta. Policía, Gendarmería, Prefectura y las FF AA son parte de un universo muy amplio. Siempre se ha preferido negociar con ella como corporación y así es como los Estados Unidos han tratado siempre con ella, como un Estado paralelo al Estado y de la misma forma ha actuado la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso la idea de personas como Julio Bárbaro de que el fracaso de la política lleva a la dictadura del 1976 es sólo una pequeña parte. Lo mismo con el papel de las amnistías de hecho que se propusieron para poder “gobernar” a pesar de ellas.         

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